Expresidente de la sociedad encargada de manejar los activos de la mafia irá a juicio por mal manejo de recursos
Andrés Alberto Ávila, presidente de la SAE desde el 29 de julio de 2020 hasta 2022 - crédito SAEAndrés Alberto Ávila deberá afrontar un juicio disciplinario por el manejo de los recursos de l...
Andrés Alberto Ávila, presidente de la SAE desde el 29 de julio de 2020 hasta 2022 - crédito SAE
Andrés Alberto Ávila deberá afrontar un juicio disciplinario por el manejo de los recursos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad encargada de administrar los bienes incautados a la mafia, debido a acciones que habría autorizado millonarios pagos a una decena de funcionarios.
La Procuraduría formuló cargos en contra de Ávila Ávila por la presunta autorización y ejecución de pagos indebidos que ascienden a más de 3.000 millones de pesos. Este monto, presuntamente mal gestionado durante el año fiscal 2022, comprometió gravemente los recursos destinados a la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el crimen organizado (Frisco). Se le acusa de haber autorizado salarios y bonificaciones no presupuestadas, lo que podría haber vulnerado los principios de responsabilidad y eficacia económica del ente.
La denuncia específica apunta a que Ávila aprobó, sin contar con los debidos avales, el desembolso de 1.500 millones de pesos para cubrir nóminas de 14 cargos profesionales en departamentos claves como la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica. Además, se menciona la asignación de 1.000 millones de pesos en bonificaciones y el sostenimiento económico de 10 funcionarios de proyectos especiales, con un coste total de 1.122 millones de pesos, carga que fue asumida en su totalidad por la SAE. “La irregularidad de estas partidas no solamente subraya una falta de planificación sino que también evidencia una gestión que podría alejarse de principios éticos esenciales”, señala la Delegada para la Economía y Hacienda Pública.
Por otra parte, estos gastos no estaban previamente contemplados en el presupuesto, lo que llevó a que se solicitara, de manera retroactiva, una modificación presupuestaria para poder justificarlos. Esto evidencia un quiebre en el proceso estandarizado de aprobación y supervisión financiera, dado que tales modificaciones “no fueron sometidas a consideración del Comité Técnico del CNE, ni recibieron la aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes”, lo que agrega una capa de complejidad administrativa y legal al caso.
Según el ente de control, este conjunto de acciones por parte del exdirectivo se traduce en una posible vulneración a los principios fundamentales que deben regir la administración pública, más específicamente, al deber de responsabilidad y a los de eficacia y economía. Bajo esta premisa, la Procuraduría ha calificado provisionalmente la conducta de Ávila como una “falta grave cometida a título de culpa gravísima”.
La Sociedad de Activos Especiales, al ser una entidad clave en la gestión y correcto uso de recursos destinados a la rehabilitación y lucha contra el crimen, sostiene bajo su responsabilidad un alto grado de transparencia y eficiencia. Los hechos investigados ponen en duda esta premisa fundamental y abren un debate necesario sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de las entidades del Estado encargadas de manejar fondos de especial importancia.
La investigación sigue su curso y, de confirmarse las irregularidades, se estaría ante un claro ejemplo de cómo la falta de rigurosidad y la posible negligencia en la gestión de recursos públicos pueden comprometer no solo fondos significativos sino también la integridad de las instituciones y la confianza pública en ellas. Este caso, al margen de su resultado, servirá como referente para futuras acciones de vigilancia y control, asegurando una mayor transparencia y responsabilidad en la administración de recursos estatales.
